La Justicia solicitó la detención del titular de la financiera que fue desarticulada ayer luego de que los investigadores sumaron pruebas en contra del sospechoso de haber cometido una incalculable por ahora cantidad de estafas. Sí se sabe que manejaba montos millonarios.
La presente causa se inició formalmente por una denuncia policial realizada el 1 de diciembre del año pasado. Con posterioridad, se sumaron otras, todas con similares características, siendo coincidentes los denunciantes en manifestar que en el período de 2016 hasta diciembre de 2023 funcionó una financiera destinada a la gestión y otorgamiento de créditos a personas, gremios y municipalidades de todo el país, y la cual tenía asiento laboral en un piso del edificio ubicado en calle La Madrid al 400.
El fiscal Miguel Fernández dirigió un equipo integrado por la auxiliar Paula Bellomio y la instructora Florencia Giménez Saravia lograron establecer al menos tres tipos de maniobras diferentes. La más común era ofrecer fondos de capitalización a través de mutuales (hasta habría creado una propia para realizar esta maniobra). La otra era recibir fondos para que sus allegados realizaran préstamos informales (con tasas usurarias) en el mercado financiero paralelo. La última habría utilizado los datos personales de sus clientes para obtener créditos que nunca habría pagado.
Más detalles
Soramus SA sería el nombre de la financiera; funcionaba en dos oficinas de barrio Sur. El titular fue identificado como Sebastián González, cuya edad oscila entre los 40 y 50 años. En diciembre pasado, un damnificado lo denunció. A partir de esa fecha, las personas comenzaron a exigir la entrega del dinero y, como no obtenían respuestas, comenzaron a denunciarlo. Primero en redes sociales y después ante las autoridades.
Una víctima dijo que él le había facilitado $2 millones para que prestara en la calle. “Nunca tuve problemas, siempre cumplía con su palabra y hasta me enviaba resúmenes de mi cuenta”, destacó J.P.R. “Comencé a tener problemas en enero. Me llamaba y me explicaba que por las medidas que había tomado el presidente Javier Milei, estaba todo congelado. No había plata. Que tenía un problema de efectivo, pero que la plata estaba”, añadió en una entrevista con LA GACETA.
La víctima indicó además que en febrero comenzó a recibir todo tipo de excusas para cumplir con los pagos que habían acordado en un contrato. “Lo fui a buscar en varias oportunidades a las oficinas de la empresa. Nunca me dio una respuesta, pero ahí me di cuenta de que había personas que seguían entregando dinero, a pesar de que ya no podía responder. Lamentablemente no lo puedo denunciar porque no tengo cómo justificar el origen de esos fondos. Ya está, ya perdí”, dijo resignado J.P.R.
Fernández logró la autorización de un juez para hacer un allanamiento. Ayer se presentó en dos oficinas de La Madrid al 400 donde funcionaba la financiera, un estudio contable ubicado en la misma calle, pero al 600, en la casa de la madre de González y en un country de Yerba Buena, donde residía.
Los investigadores descubrieron que el sospechoso había retirado las computadoras que utilizaban, pero no tuvo tiempo para sacar valiosa documentación que serviría para comprobar las maniobras que realizaba.
En la casa de la progenitora también decomisaron papeles. En el country fueron atendidos por una mujer que aseguró que era la ex esposa de González. De allí también se llevaron información importante para la causa y no se descarta que haya estado involucrado en las maniobras.
Fernández confirmó a LA GACETA que hasta el momento sumaron más de 100 denuncias en su contra, pero no descarta que con el correr de los días sean muchas más.
Por el momento es imposible determinar cuál es el monto de las estafas consumadas. Sólo para tener una idea, en los allanamientos del jueves se secuestraron documentos de más $70 millones.